Ambos grupos provinciales pretenden iniciar un estudio que audite la financiación del Consorcio de Bomberos, su RPT, la plantilla y el mapa de actuación desde el 2008, así como un análisis exhaustivo de la ejecución del presupuesto en los últimos diez años.

Recientemente ha trascendido a la luz pública algunos detalles de la investigación que ha llevado a cabo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cádiz, en referencia a los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude en la contratación pública dentro del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Tras recabar todas las pruebas, se ha procedido a la detención de doce de las catorce personas investigadas por presunta responsabilidad penal.

A raíz de la denuncia interpuesta en la Fiscalía, en el año 2013, por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC), y tras cuatro años de investigaciones, se han detectado prácticas irregulares e ilegales en diferentes ámbitos de la gestión del CBPC, principalmente entre los años 2008 y 2014. Estas irregularidades estarían relacionadas con posibles acciones constitutivas de delito realizadas por funcionarios públicos que ostentaban cargos de responsabilidad.

Tras dirigirse la causa, en el año 2014, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, se recopilaron, durante tres años de ardua investigación policial, todo un historial de actos y procedimientos fraudulentos, cometidos, presuntamente, entre quienes dirigían el Consorcio de Bomberos en ese período y los responsables de las empresas contratadas, en beneficio propio y en contra del interés público y de la propia entidad que, como organismo dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz y de la mayoría de Ayuntamientos gaditanos, le ha supuesto un grave perjuicio económico, estimado en más de 7´5 millones de euros.

“Nuestra obligación como representantes de los habitantes de la provincia es analizar qué ha fallado para que no vuelva a suceder y para ello es necesario auditar las cuentas, estudiar la composición del Consorcio de Bomberos y si procede, depurar responsabilidades políticas” esgrime Kika González, diputada de Ganemos Jerez. “la Diputación y el Ayuntamiento participan en el Consorcio y deben de exigir una administración limpia, transparente y eficaz que camine en el bien común de todos los gaditanos y gaditanas. No se puede mirar para otro lado con la corrupción, hay que impulsar acciones políticas para dar una respuesta contundente y taxativa”.

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Ambos grupos provinciales pretenden iniciar un estudio que audite la financiación del Consorcio de Bomberos, su RPT, la plantilla y el mapa de actuación desde el 2008, así como un análisis exhaustivo de la ejecución del presupuesto en los últimos diez años. Recientemente ha trascendido a la luz pública algunos...