El trágico accidente laboral ocurrido el pasado 18 de mayo, en el que fallecieron dos obreros de una empresa auxiliar del astillero de Puerto Real al caérseles encima la estructura que estaban soldando, ha puesto sobre la mesa las condiciones de trabajo en el sector de la construcción naval de la provincia de Cádiz y, de manera más general, el problema social de la siniestrabilidad laboral.

Desde hace más de 10 años, fecha en que comenzamos un proyecto sobre la lucha contra la reconversión naval en el astillero de Puerto Real, hemos seguido la realidad laboral y sindical de esta industria en la provincia de Cádiz. El sector de la construcción naval es un buen reflejo de las transformaciones del sistema productivo gaditano. Ilustra el paso de un modelo fordista, caracterizado por un empleo estable, en una gran empresa pública, regulado, con alta afiliación sindical, y mecanismos sólidos de protección, a un modelo post-fordista o flexible, caracterizado por la inestabilidad laboral, la desregulación, la organización empresarial en redes de contratas y subcontratas, bajas tasas de afiliación y desprotección del trabajador. Como el sociólogo Manuel Castells ha puesto de manifiesto, la generalización de la externalización responde a un intento de las empresas por adaptarse a las presiones de una economía globalizada, en el que la flexibilidad se convierte en un elemento esencial.

En el caso de los astilleros, la entrada de España en la Unión Europea en 1986 constituyó un hito, pues conllevó un proceso eufemísticamente llamado “reconversión industrial”, aunque realmente se trataba de un proceso de desindustrialización. España, para entrar en la Unión Europea, debía adaptar su economía al mercado común europeo, y ello conllevaba la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo en la industria pesada, que en su mayoría había sido creada a través del Instituto Nacional de Industria a finales de la época franquista.

Las empresas auxiliares (o subcontratas) tienen peores condiciones laborales, por lo que aumenta el riesgo de siniestralidad.

Los astilleros gaditanos (San Fernando, Puerto Real y Cádiz) sufrieron severamente las consecuencias de la “reconversión” y los trabajadores, mayoritariamente hombres, ofrecieron una fuerte resistencia a las tres oleadas de reestructuración. Pero a pesar de la resistencia, el empleo de este tipo de industria ha ido en declive. Se calcula que, mientras que en la década de 1980 el sector naval empleaba directa o indirectamente a 40.000 personas, hoy la cifra global ronda los 12.000 empleos en periodos de alta actividad, constituyendo el 3% del empleo en la provincia. En el caso de Puerto Real, hoy genera sólo alrededor de 500 empleos directos, en su mayoría muy cerca de la edad de jubilación. Lo cierto es que mientras que el empleo directo del astillero está regulado y se respetan escrupulosamente las medidas de seguridad, en gran medida por la estabilidad laboral y la presencia de representantes sindicales, en la empresa auxiliar las condiciones son muy distintas. Como denuncian desde la Coordinadora de Profesionales del Metal, en la industria auxiliar prima la temporalidad, no hay posibilidades de organización sindical y el trabajador está desprotegido ante presiones para realizar horas extraordinarias y otros incumplimientos del convenio. Si esta empresa desarrolla su trabajo fuera de las instalaciones del astillero, la situación es mucho más complicada para el trabajador. Este era el caso de José Daniel Valladares Millán y José Luis Fossati del Río, fallecidos en mayo pasado.

La situación laboral en la industria auxiliar de los astilleros ejemplifica muy bien lo que algunos enfoques teóricos en Sociología de las Relaciones Industriales han denominado “corporatismo competitivo”. Con el objetivo de aumentar la “competitividad” de las empresas españolas en el mercado global, los sindicatos mayoritarios han mantenido una actitud moderada en los diferentes niveles en los que actúan, entre ellos a nivel de centro de trabajo. Como contraprestación, CCOO y UGT han recibido un reconocimiento institucional (a través de subvenciones, participación en órganos consultivos…) que ha sido, hasta hace bien poco, su principal recurso de poder. Como resultado, importantes sectores como los de la industria auxiliar de los astilleros, han quedado excluidos de las estructuras de representación sindical y, con ello, se ha favorecido el aumento de la precariedad (aunque tampoco puede afirmarse que la responsabilidad única de esto sea del desinterés de los dirigentes sindicales). Es preciso apuntar que una de las caras de la precariedad laboral es la siniestrabilidad.

Los cambios en la (des)regulación del trabajo y en la organización de la producción tienen consecuencias directas sobre la seguridad y la salud. Numerosos estudios han demostrado el efecto negativo de la externalización sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Según los informes del Ministerio de Empleo, que recoge los datos de la Inspección de Trabajo, en la provincia de Cádiz en 2017 se produjeron 12.093 accidentes de trabajo, 9 de ellos mortales. Si analizamos la evolución del número de accidentes en los últimos 10 años, vemos que el principal factor es el nivel de empleo: los años que hay mayores números de ocupados hay mayor número de accidentes laborales. Existen datos respecto al número de empleos en empresas contratadas y subcontratadas, o en empresas de trabajo temporal (ETT), en los que se producen accidentes. Por ejemplo, en 2016 fueron 38.403 (7,9%) las personas accidentadas en contratas o subcontratas, y 13.194 (2,7%) de estas trabajaban a través de ETT. No obstante, los datos disponibles no permiten extraer conclusiones sobre la mayor o menor incidencia de accidentes respecto a las personas que trabajan para empresas matrices. Lo mismo ocurre con el tipo de contrato. Hay datos sobre el número de trabajadores con contrato temporal, pero no podemos conocer el índice de incidencia por tipo de contrato. Para ello, es posible atender a otras fuentes. Un estudio publicado en Gaceta Sanitaria de 2009, por ejemplo, asocia contrato indefinido, estudios secundarios, sector público y la recepción de cursos de formación con una menor siniestrabilidad. Asimismo, se afirma que a mayor experiencia laboral menor incidencia de accidentes mortales. En el conjunto del Estado español, la Reforma Laboral ha supuesto un punto de inflexión. Según datos del Ministerio de Empleo, desde 2007, en el que se produjeron 924.981 accidentes hasta el año 2012, en el que hubo 404.284, ha habido un descenso sostenido. Sin embargo, a partir de 2012 el número de accidentes ha ido en aumento. Puede argüirse que este aumento se debe a una supuesta “recuperación económica”, sin embargo, si relacionamos el número de accidentes en relación al número de empleos, podemos comprobar que la siniestrabilidad ha aumentado a partir de 2012 tras varios años de descenso.

La siniestralidad ha aumentado a partir del año 2012 tras varios años de descenso. La reforma laboral es la culpable.

¿A qué se debe entonces este giro en 2012? Si, como hemos visto en los estudios anteriores, diferentes variables relacionadas con la estabilidad y la regulación del empleo intervienen en las probabilidades de tener accidentes, la Reforma Laboral de 2012, que socava fuertemente el poder de la clase obrera en beneficio del poder empresarial, debe ser la clave explicativa. Medidas como el abaratamiento del despido, la facilidad para realizar contratos temporales, el descuelgue de convenios o la alternación de la jerarquía de convenios, entre otras medidas, desprotegen al trabajador o trabajadora, que cuenta ahora con menos herramientas para defender sus intereses frente al empresariado. En este contexto, las probabilidades de sufrir accidentes, incluidos los accidentes mortales, se acrecientan.

A la luz de los datos, el lema de que “la precariedad mata” tiene total fundamento. Es un buen momento para que la sociedad civil gaditana, sobre todo los sindicatos, y las autoridades se tomen en serio el problema de la precariedad y de los accidentes de trabajo. Históricamente la acción del movimiento obrero ha sido la que ha empujado los cambios que han permitido mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Este mismo movimiento está obligado hoy a reencontrarse a sí mismo, entre otras cosas, para poner fin al drama de las muertes en el trabajo.

Un texto de Eva Bermúdez y Beltrán Roca

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El trágico accidente laboral ocurrido el pasado 18 de mayo, en el que fallecieron dos obreros de una empresa auxiliar del astillero de Puerto Real al caérseles encima la estructura que estaban soldando, ha puesto sobre la mesa las condiciones de trabajo en el sector de la construcción naval...