Ganemos Jerez propone medidas para frenar la crisis del alquiler y garantizar vivienda pública sin especulación
- El control de los precios del alquiler y la declaración de zona tensionadas, la promoción de vivienda pública para alquiler y garantizar la prórroga automática de 630.000 contratos de alquiler que vencerán en 2026 son algunas de las medidas que Ganemos Jerez propondrá en el pleno municipal para instar a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Estamos en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social, una emergencia social que afecta a miles de familias andaluzas. El encarecimiento continuo de los alquileres, la dificultad creciente para acceder a una vivienda en propiedad y la inseguridad en la continuidad de los contratos están empujando a miles de familias y amplias capas de la población a situaciones de vulnerabilidad.
Esta realidad no es una percepción aislada: el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía (FOESSA) señala que la vivienda se ha convertido en la principal causa de exclusión social en la comunidad, afectando en 2024 a casi una de cada cuatro personas andaluzas, más que factores como el desempleo, la educación o la salud.
Estos datos coinciden con los efectos que observamos en Jerez: los precios del alquiler se han duplicado en la última década, siendo el crecimiento interanual en 2025 del 20%. El precio de la vivienda se ha incrementado en un 15% solo en el último año, un 66% en los últimos 9 años. Esta escalada de precios supera con creces la evolución de los ingresos familiares.
En este contexto, el 40 % de los hogares en alquiler hace un sobreesfuerzo para pagar el arrendamiento y un 76 % tiene dificultades para comprar una vivienda. A su vez, el informe subraya que aunque solo un 15 % de la población andaluza reside en viviendas de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad especialmente elevada, con cerca del 43 % de inquilinos en riesgo de pobreza tras afrontar los gastos de alquiler.
“La vivienda se ha convertido en la preocupación diaria de muchísimas familias. Ya no estamos hablando sólo de precios altos, sino de gente que no sabe si va a poder seguir viviendo en su casa dentro de unos meses. Los alquileres no paran de subir, comprar es casi imposible para la mayoría y cada vez más personas viven con el miedo esta situación. Esto ya no es solo un problema de mercado, es un problema social de primer orden que necesita respuestas urgentes.” ha manifestado Tere Chamizo, concejala de Ganemos Jerez
Audio Tere Chamizo sobre Vivienda
Sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla ha impulsado, y el Parlamento de Andalucía ha aprobado, una nueva Ley de Vivienda de Andalucía que no sólo no recoge lo que la Ley estatal de vivienda establece respecto al control de los precios, sino que además responde a la lógica de seguir construyendo por mandato del mercado sin incluir suficientes mecanismos que aseguren que esas viviendas sean realmente adquiridas por quienes las necesitan, en lugar de favorecer la especulación.

Esta perspectiva supone, de facto, una vuelta al tradicional “boom del ladrillo”, ignorando que, como recoge el propio informe FOESSA, la mejora económica no se traduce automáticamente en integración social si no se garantiza el acceso estable y asequible a la vivienda como pilar del bienestar.
Además, esta situación exige medidas urgentes: más de 630.000 contratos de alquiler que vencerán en 2026 podrían afectar a 1,6 millones de personas a nivel estatal, y solo en Andalucía alrededor de 90.000 contratos, afectando a 215.000 personas, estarían expuestos a aumentos drásticos de renta si no se aplica una prórroga automática. De no decretarse esta medida excepcional, el mercado podría expulsar a miles de familias de sus hogares y situarlas en riesgo de exclusión social aguda.
Por todo ello Ganemos Jerez instará, a través del pleno municipal, a la Junta de Andalucía a declarar zonas tensionadas, al amparo de la Ley Estatal de Vivienda, para poner límites a los precios del alquiler y a regular para que la vivienda pública se mantenga en el parque público durante toda su vida útil y no pueda ser objeto de especulación de mercado, destinando mayor porcentaje de la misma al alquiler público. Instará igualmente al Gobierno de España a regular de manera excepcional, decretando la renovación automática de más de 630.000 contratos de alquiler que vencerán en 2026.
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