→ La formación municipalista denuncia una alarmante falta de transparencia, posible “fraude de ley” y el carácter anticonstitucional de la convocatoria, que discrimina a mujeres embarazadas y colectivos con enfermedades varias. “La convocatoria es una chapuza que no se ajusta a la ley ni a los principios democráticos básicos”.

Durante esta semana, concretamente el martes 28 de julio de 2020, la Junta de Andalucía ha convocado un proceso de selección para 132 plazas de funcionarios interinos, pertenecientes a la categoría A1. De forma veloz e insólita la Junta de Andalucía cerró dicha convocatoria en 24 horas, es decir, a las 18.30 del miércoles 29 de julio de 2020. Tal como ocurrió el pasado día 8 de julio de 2020, en el que la Junta publicó la convocatoria de al menos once procesos de selección para cubrir 159 plazas de interinos pertenecientes al cuerpo superior y medio de funcionarios.  

El procedimiento ha sido tan rápido que el plazo de presentación para varios de ellos se abrió a las tres y media de la tarde del miércoles 8 de Julio, y a las cinco de la tarde del jueves 9 ya no era posible encontrar la convocatoria en el portal de empleo público de la Junta. 

AUDIO JOSÉ MEJÍAS, INTEGRANTE DE GANEMOS JEREZ

El criterio de selección en todos los procesos ha sido el mismo: en riguroso orden de llegada. «La adjudicación de las plazas se realizará de oficio por la Administración, por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas en la dirección de correo electrónico arriba indicada», señala el texto de las convocatorias. La Junta va a cubrir de esta forma, en la última de las convocatorias 132 plazas destinadas al grupo A1 y de diversas especialidades, aunque en el documento emitido solo se especifiquen licenciados, arquitectos, ingenieros o con un grado. 

Todas las contrataciones, «en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19». Ocurre que las convocatorias para cubrir estos puestos no están diseñadas para evaluar el mérito y la capacidad de los candidatos, en función de la experiencia profesional y el bagaje académico.

Por si esto fuera poco, los/as candidatos/as debían declarar que no pertenecen a algún colectivo de riesgo o que no sufrían una «enfermedad de base», según un listado bastante amplio que incluían diabetes o cáncer entre otras, además de la posibilidad excluyente de ser mujer embarazada o persona mayor de 60 años. 

Ganemos Jerez entiende que este proceso ha sido una chapuza que no se ajusta a la ley ni a los principios democráticos

Resulta de la mayor gravedad la falta de transparencia y el abuso de normativas creadas para otra finalidad, como es la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, para contratar funcionarios adscritos a los ámbitos del urbanismo o medioambiente. “Dudamos de la constitucionalidad de esta convocatoria por cuanto excluye de su participación a las mujeres embarazadas y a las que estén en periodo de lactancia”, señalan desde Ganemos. 

Podría entenderse que se incumple el principio constitucional establecido en su artículo 14 (“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”). 

Igualmente la ausencia de los requisitos y garantías de publicidad, mérito y capacidad entra en colisión con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público el cual regula la selección del personal al servicio de las Administraciones públicas que dice que “todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Asimismo, resulta un posible “fraude de ley” acogerse la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020, que establece los grupos de riesgo ante la Covid-19. Sin embargo, esa resolución tiene por objeto establecer los grupos de riesgo ante la Covid-19 con el fin de favorecer las modalidades de trabajo no presencial del personal que ya esté trabajando para la Junta de Andalucía. Las convocatorias recurren al listado para excluir el acceso a las convocatorias de quienes estén en esos colectivos. Las personas menores de 60 años o los enfermos crónicos no son colectivos  excluir a priori para un trabajo telemático o incluso presencial; estas medidas parecen que están significadas en la patología llamada “edadismo” o “gerontofobia”: el rechazo a las personas de mayor edad.

De la misma manera, no es de recibo justificar estas contrataciones urgentes “en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19”, cuestión que no se argumenta ni en los puestos de trabajo que se ofertan ni en la finalidad de estas contrataciones. En la convocatoria aparecen puestos de arquitectos superiores y técnicos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de minas, conservadores de patrimonio etc, que nada tienen que ver directamente con medidas de abordaje o prevención referidas a la pandemia del coronavirus. Más bien son titulaciones de trabajos referidos a temas urbanísticos y medioambientales relacionados con el llamado “macrodecreto –ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.”, destinado a sortear los controles urbanísticos, medioambientales y de salud contemplados en la legislación urbanística de la Junta de Andalucía. 

Llama la atención que absolutamente ninguna de las profesiones objeto de la convocatoria estén relacionadas con los servicios de salud pública o de la sanidad andaluza siendo de conocimiento público la situación de saturación, por no de decir de agotamiento y colapso, de los centros de salud, con cierres de centros de salud, falta de sustituciones, camas previstas cerrar este verano en numerosos hospitales. Y todo esto teniendo en el mes de Julio 20 brotes activos del coronavirus en Andalucia.

Ganemos Jerez ha pedido que el pleno municipal se manifieste en contra de esta convocatoria de la Junta y exija la suspensión de las contrataciones por contravenir las garantías de transparencia y constitucionalidad del proceso. “Es una de los procesos de contratación más bochornosos que se han visto, hasta tal punto que los propios candidatos no sabían cómo, cuándo ni los porqués; se ha hecho todo mal, corriendo y sin garantías democráticas”.

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